Piden renuncia de jueces por fallo relacionado con cuestionado préstamo


Santo Domingo, 23 dic (EFE).- El Foro Social Alternativo (FSA) dominicano, integrado por decenas de grupos populares, solicitó hoy la renuncia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) después de que ésta declaró inadmisible dos recursos de inconstitucionalidad elevados contra un cuestionado préstamo.

El crédito de 130 millones de dólares, concedido a la empresa The Sun Land Corporation, fue firmado por el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista, quien autorizó los 19 pagarés del cuestionado préstamo.

El FSA subrayó que la sentencia de la SCJ acerca de los recursos presentados por el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del FSA “demuestra el grado de putrefacción y descomposición que vive la República Dominicana”.

La SCJ argumentó en su fallo “falta de calidad” jurídica de ambas organizaciones para impugnar el préstamo, al señalar que quienes debieron rechazar o solicitar la revisión de dicho crédito eran los presidentes de la Cámara del Senado y de los Diputados.

El FSA indicó en un documento entregado hoy en la sede del tribunal supremo que en la sentencia judicial “no hay justificación jurídica (..), sino complicidad y cobardía social e histórica”.

“Qué vergüenza que un órgano como el de la Suprema Corte de Justicia esté arrodillado al Poder Ejecutivo y ante funcionarios corruptos”, precisó la organización, que se propone denunciar el caso ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ).

La firma del empréstito entre el Gobierno y la Sun Land, que data de mayo de 2006, fue rescindida en diciembre de 2007 por el Ejecutivo local, que alegó el incumplimiento de la empresa con respecto a la construcción de varias obras que debía haber levantado en la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La polémica entre el Gobierno dominicano y la oposición en torno al préstamo se avivó en febrero pasado, cuando un portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que el Gobierno local, con el que esta institución sostenía entonces un acuerdo de contingencia, violó las normas del organismo al no informarle de la operación con la firma privada. EFE

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