Gobierno cuestiona las acciones judiciales de la familia Narcisazo


POR PANKY CORCINO
El Gobierno descalificó, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las acciones judiciales tramitadas por la familia de Narciso González (Narcisazo) para reclamar el esclarecimiento de su desaparición en mayo de 1994.

La gestión de Leonel Fernández asegura que, salvo una querella presentada ante la Fiscalía del Distrito, los familiares del desaparecido “no interpusieron acciones judiciales trascendentales para la eventual solución del caso, sino que cometieron torpezas procesales que, de haber sido acogidas, habrían repercutido contra las mismas garantías reconocidas por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”.

La defensa ante la Corte, tramitada a través del canciller Carlos Morales Troncoso, asegura que en mayo de 1994, “no existía en el país una práctica de desaparición forzada de personas, ni mucho menos de retaliaciones de este tipo (ni ningún otro) contra periodistas o alguna otra persona por expresar su opinión o ideología política”.

Pide a la Corte que declare que República Dominicana “no ha incurrido en responsabilidad internacional por la presunta desaparición forzada” de Narcisazo. Niega que cometiera tortura en contra del catedrático. Asegura que no violentó los derechos al reconocimiento de su personalidad, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Recuerda que, pese a las tensiones que vivía el país en momentos en que la oposición acusaba de fraude al entonces presidente Joaquín Balaguer, “no se produjeron desapariciones sistemáticas de líderes que protestaban por los resultados electorales”.

El Estado intenta que el tribunal internacional declare que carece de competencia legal para conocer el caso. Entre los argumentos que plantea para defenderse recuerda que “República Dominicana aceptó la competencia contenciosa del Tribunal el 25 de marzo de 1999, es decir casi cinco (5) años después de la ocurrencia de los hechos que habrían configurado” las violaciones de derechos humanos contra Narcisazo y sus familiares.

Cuestiona la querella por homicidio presentada a la Justicia en mayo de 1995 por la Comisión de la Verdad y los familiares de Narcisazo. Al respecto critica el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos admitiera la petición porque, alega, tanto las víctimas como la instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) asumen que el catedrático murió un año después de 1994.

“Independientemente de lo que haya ocurrido, resulta cercano a lo imposible, primero, que la presunta víctima haya sobrevivido seis meses sin una adecuada atención médica, ya que sufría de epilepsia y padecía de un tumor cerebral, y, segundo, que haya podido ser mantenida más de un año en cautiverio en un país tan pequeño, máxime en un caso que adquirió notoriedad nacional como el de la especie”, comenta la Cancillería.

Una hipótesis para explicar la ausencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado que cuestiona la publicación de El Caribe, que da cuenta de que el Gobierno llevó a la Comisión la hipótesis de que Narcisazo se suicidó en medio de una depresión crónica por problemas de salud, con su esposa y con su adicción a las apuestas de carreras de caballos. “El Gobierno manifiesta su desacuerdo porque dicha información sólo presenta una de varias hipótesis planteadas en ese informe”, dijo.

Sin embargo, se trata de la única hipótesis contenida en el documento oficial. De hecho, el Gobierno presenta como “prueba testimonial” al cineasta y abogado Jimmy Sierra, amigo personal de Narcisazo, quien “declarará” sobre la desaparición del catedrático antes de desaparecer y sus supuestas aseveraciones de que se iba a suicidar.

Lo mismo hace con el periodista Oscar López Reyes, presentado como “prueba pericial” para que exponga la investigación de su libro sobre los crímenes a la prensa en la que concluye que Narcisazo “pudo haberse suicidado”.

Dice le faltaba notoriedad

La gestión de Leonel Fernández asegura, en su defensa ante la Corte de los Derechos Humanos, que al momento de su desaparición, Narcisazo, “no era un líder de masas, no era una figura pública notoria y no militaba en la alta dirigencia del principal partido de oposición”.

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