“El Chino” sale en libertad tras Fiscalía ejecutar orden a su favor


Ramón Cruz Benzán.-
SANTO DOMINGO.-La Fiscalía del Distrito Nacional ejecutó ayer la orden de libertad emitida a favor de Rafael Cordero Martínez (El Chino), acusado de pagar RD$300 mil a dos presuntos sicarios para matar a un sargento de la Policía.

La secretaría general administrativa de la Fiscalía ordenó la libertad del imputado, luego de que la Dirección General de Migración le colocara impedimento de salida del país a petición del Ministerio Público.

El juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Delio Germán ordenó la libertad del “El Chino” tras variar la prisión preventiva dictada por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Al variar la medida de coerción, el juez le impuso a Cordero Martínez una garantía económica de cuatro millones de pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica por ante el Ministerio Público.

Sin embargo, el fiscal Alejandro Moscoso Segarra recurrió la decisión, por lo que espera que la Corte de Apelación revoque la medida y ordene el mantenimiento en prisión.

Rafael Cordero Martínez (El Chino), acusado de pagar RD$300 mil a dos presuntos sicarios para matar a un sargento de la Policía.

Martínez, un presunto socio de Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), está acusado de haber pagado a sicarios para matar al ex sargento de Policía, Reynaldo González de Jesús (Charly), en el sector Luperón de la capital, después que el fiscal del Distrito Nacional, doctor Alejandro Moscoso Segarra, hiciera la solicitud al organismo.

Esto ocurre luego de que el juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción, Delio Germán, variara la prisión preventiva del imputado por una garantía económica de 4 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Se espera que en las próximas horas la secretaria del Cuarto Juzgado de la Instrucción remita a la Corte de Apelación del Distrito Nacional el recurso de apelación en contra de la decisión del juez, Delio Germán, por la fiscal adjunta, Cándida Ramos, coordinadora del Departamento de Delitos y Crímenes Contra la Persona.

El ministerio público presentó ese recurso bajo el argumento de que el juez, al variar la medida de coerción, no cumplió con el deber de motivar lo suficiente la decisión ni explicar su fundamento, al no justificar en qué consistían los presupuestos que variaban la medida de coerción.

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